Something is rotten in the state of Spain

“Algo huele a podrido en Dinamarca” (Hamlet, acto I, escena XI) reflexiona el soldado Marcelo con Horacio mientras siguen a Hamlet y al espectro del rey. Y eso mismo hace tiempo que pienso yo de este intratable pueblo de cabreros.

Me juré que no hablaría ni del caso Gürtel (traducción alemana del apellido del Don Vito de la trama, Correa) ni del caso Millet, pero a veces la realidad nos impele a romper votos y promesas. No voy a circunstanciar nada de ambos casos, pues prensa, bloggers y opinadores ya lo han hecho suficientes veces, pero aprovecharé estos casos para ilustrar por qué creo que España seguirá oliendo a podrido.

1. El corporativismo de la clase política. Ante la galería, se tirarán los trastos de los modos más indencentes, pero en la trastienda amañan las leyes para ser una casta intocable. Es más fácil demostrar científicamente la existencia de un dios con aspecto de pizza cuatro estaciones que encausar a un político español. Y tenemos el caso Fabra en Castellón, con no sé cuántos años de instrucción y habiendo visto más jueces que el Juicio Final… o el largo proceso antes de que Bárcenas declare. En la mayor parte de las democracias civilizadas, un político carece de privilegios antes los tribunales. Pensemos, por ejemplo, en el caso Clearstream en Francia, que enfrentó al entonces ministro de interior, Sarkozy, con su primer ministro, Villepin, y que ahora se está dirimiendo en el tribunal correccional parisino. Esto aquí sería ciencia ficción, y ni pensemos en eso tan europeo de dimitir por la sospecha, que aquí la doctrina Rajoy establece que un imputado no tiene que dimitir hasta condena firme, y eso, por vía de apelaciones puede llevar hasta La Haya y diez años… Evidentemente, esta doctrina digna de república bananera o soviética, a la que se han sumado casi todos los partidos, sólo es aplicable de puertas adentro, que al prójimo se le exije comportamiento británico.

2. La extraordinariamente breve vida de ciertos delitos. Los delitos económicos y políticos prescriben con una velocidad espeluznante. Y entonces, nadie puede evitar desvergüenzas como la de los Albertos que, absueltos de sus estafas del caso Urbanor por el Tribunal Constitucional (célebres en el mundo entero por la celeridad con que fallan sus sentencias) que estimó prescrito el delito, ahora exigen al Estado 4,6 millones de euros en concepto de daños. Y no me extrañaría que el mismo Constitucional ordene que amén, así sea. Con un par. Prevaricaciones, malversaciones, estafas, robos… el ciudadano de a pie, el cosido a impuestos y multas, tiene la sensación de que siempre prescriben para los de cuello blanco o carné político.

3. Las inhabilitaciones. Un político condenado a prisión por malversación de fondos públicos es también condenado a inhabilitación de cargo público. Hasta aquí, todo es correcto. El problema es el tiempo de inhabilitación. Ya que no hay la dignidad mínima de desaparecer de la vida pública tras la condena, la ley debe suplirlo inhabilitando de por vida. ¿qué eso eso de una inhabilitación de cuatro años por gastarse en prostíbulos dinero municipal? Y no me refiero sólo a los políticos. Cualquier persona condenada por delitos económicos debería quedar inhabilitada para administrar nada, y aquí es donde venimos al caso Millet. No, no os dejéis engañar por la estudiada puesta en escena de sus abogados, presentándolo como un venerable abuelito casi homeless, con americana de pata de gallo y camisa arrugadas

Félix Millet entra en el Juzgado a declarar como imputado (19 de octubre de 2009)

porque don Félix, además de presidente de la Fundación Palau de la Música-Orfeó Català de la que se han desviado más de 10 millones de euros, presidía varias otras empresas y fundaciones, y eso que ya es un viejo conocido de los juzgados, pues ya fue condenado a dos meses de arresto por falsedad documental por imprudencia en 1985 por Renta Catalana (chollo que combinaba la estafa piramidal Madoff con el timo de la estampita) y se libró por los pelos de ser condenado por apropiación indebida de 300 millones del fondo de pensiones del antiguo Banco Consolidado. ¿Cómo es posible que este tipo no estuviera desde 1984 inhabilitado para presidir incluso su comunidad de vecinos? Con el dinero de otros, untó -presuntamente- a los partidos políticos de todo el espectro ideológico a través de sus fundaciones, desde la FAES del PP hasta el anecdótico Partido Independentista de Colom, pasando por CDC y posiblemente el PSC. Así se creyó a salvo y quizá por eso las primeras irregulardiades en el Palau se vieron en 2002 pero nadie hizo nada.

En un país democráticamente sano, un político acusado de corrupción dimitiría antes de ser juzgado y asumiría la responsabilidad de las decisiones de sus subordinados. En un país democráticamente sano, la ciudadanía exigiría eso de sus gobernantes. Pero como éste es cada vez más un circo de 44 millones de habitantes (en Biarritz y la Junquera en lugar de aduanas deberían instalar taquillas para vender entradas), el político condenado por corrupción en lugar de desaparecer de la vida política, saca pecho, se presenta a la reelección y gana de nuevo, a veces ampliando la distancia.

Tal vez es que el país entero huele a podrido y no hay nada qué hacer. O quizá el problema esté en que aquí no se han cortado cabezas nunca, que no hemos tenido nuestra revolución francesa y hay mucha gente que se cree impune, que se sabe impune, no sólo políticos. Bueno, nunca es tarde para inaugurar esa sana costumbre en la plaza del pueblo; tal vez no nos salve de la crisis, pero sin duda nos mejorará el ánimo ver desfilar a toda esa caterva de sinvergüenzas, desde políticos y funcionarios corruptos a sus corruptores, pasando por jueces indignos o vagos, banqueros especuladores y demás fauna que tan fuerte ha crecido por aquí. Porque, al final, la última palabra la tenemos los ciudadanos, y parece que últimamente estamos cometiendo cierta dejación de funciones.